El Gobierno de Ciudad Juárez desvió 15 millones de pesos del programa Cruzada por la Nutrición para la compra de 43 mil 103 pruebas rápidas de COVID-19, que en su mayoría no se han aplicado pese a que tienen fecha de vencimiento para marzo de este año.
Las pruebas rápidas para la detección de antígenos SARS-COV2 fueron adquiridas en mayo del 2022 por la Dirección General de Centros Comunitarios, entonces dirigida por María Antonieta Mendoza Mendoza, se desprende del contrato DCA/DGCC/144/2022.
Seis meses después solo se habían aplicado seis mil pruebas, por lo que 37 mil quedaban sin usarse, debido a que “no saben qué hacer con ellas”, se informó en reunión de regidores de la Comisión de Centros Comunitarios el 22 de noviembre del año pasado.
A principios de diciembre pasado, Juan Manuel García Reyes, director general, aseguró a la misma comisión edilicia que se buscaba implementar un programa para que, con motivo de la temporada invernal, se pudieran aplicar las pruebas adquiridas en los casos sospechosos de COVID que se presentaran en la diferentes dependencias e incluso en planteles escolares. Sobre eso no ha informado nada aún.
Durante varias semanas se buscó una entrevista sobre el tema con García Reyes, director de Centros Comunitarios, y con Gabriela Cisneros, de la Coordinación Médica de esos centros, pero no respondieron a La Verdad.
La regidora Vanessa Mora de la O, coordinadora de la Comisión de Centros Comunitarios tampoco aceptó hablar sobre el tema, sin embargo durante la reunión edilicia del 22 de noviembre del año pasado cuestionó el sobreprecio al que se adquirieron las pruebas, ya que se recibieron propuestas más baratas, y que se haya dispuesto del recurso aprobado para el programa sin consultar a nadie, se desprende del acta pública de esa junta.
Toman dinero etiquetado y compran a sobreprecio
Los 15 millones de pesos destinados para la compra de las pruebas rápidas de COVID-19 se redireccionaron del presupuesto aprobado al programa Cruzada por la Nutrición, para el que se etiquetaron 35 millones de pesos para la adquisición del producto Vitalivio, que consiste en dar bebidas nutritivas a usuarios de centros comunitarios.
El 10 de mayo del 2022 el Municipio firmó un contrato con la empresa Comercializadora RL Solutions por 14 millones 848 mil 344.54 pesos para adquirir 43 mil 103 pruebas para detectar la COVID-19 a un precio de 299 pesos por unidad.
Las pruebas adquiridas por la Dirección General de Centros Comunitarios fueron las más caras de las propuestas que presentaron cinco empresas a la convocatoria de licitación pública presencial CA-OM-034-2022, de acuerdo con el dictamen del procedimiento de la licitación pública.
El Municipio de Juárez compró 43 mil 103 pruebas rápidas de detección de antígenos SARS-COV2 de hisopo nasofaríngeo de la marca Realy Tech a la empresa Comercializadora RL Solutions, a través de su representante legal, Fabián Rubio Reyes, por un precio de 299 pesos cada una.
Sin embargo, la empresa Comercializadora y Prestadora de Servicios Industriales ofreció el mismo producto por un precio de 210 pesos por unidad, es decir, todas por un total de 9 millones 51 mil 630 pesos antes de impuestos.
Mientras que la persona física Víctor Alejandro Rincón Alfaro ofreció el producto a un precio de 119.50 pesos por unidad, es decir, un total de 5 millones 150 mil 808 pesos antes de impuestos.
Otro proveedor, Futurama S.A. de C.V., ofreció un precio de 107 pesos por cada prueba de antígenos, lo que da un total de 4 millones 612 mil 021 pesos.
También presentó propuesta la persona física Alma Rosa Hernández Terán, que ofreció a un precio de 80 pesos por cada prueba, lo que da un total de 3 millones 448 mil 240 pesos, es decir, alrededor de tres cuartas partes menos del precio al que se adquirieron.
En una búsqueda en farmacéuticas se encontraron ese tipo de pruebas de la marca Realy Tech a precios que van desde 200 y hasta 300 pesos por unidad al menudeo y de entre 100 y 200 pesos al comprar más de 25 unidades.
Además, el regidor Enrique Torres, integrante de la Comisión de Centros Comunitarios, expresó su preocupación porque los funcionarios no siguieron el procedimiento al destinar dinero público etiquetado a un programa para otra actividad, lo cual debió ponerse a consideración del Cabildo.
“Es preocupante porque es un recurso que ni siquiera estaba destinado para eso”, mencionó el regidor Torres.
Para la compra de las pruebas COVID los funcionarios municipales recortaron 15 millones de pesos la Cruzada por la Nutrición, programa que se puso en marcha en julio del 2022 con la adquisición y dotación de un suplemento nutricional, Vitalivio, el cual se entregó gratuitamente a menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La compra de las pruebas se hizo incluso sin tomar en cuenta a la Comisión de Salud, que encabeza el regidor Víctor Manuel Talamantes Vázquez, quien se mostró incrédulo durante una entrevista sobre el tema.
“Revise bien su información, eso que usted dice no puede ser, hubiera pasado por Cabildo y no lo hubiéramos permitido. Un gasto de 15 millones de pesos para pruebas COVID no tiene sentido. Además, porque esa es una tarea que cumple la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Eso no puede ser”, aseguró Talamantes Vázquez.
Sin embargo, la compra se llevó a cabo y quedó asentada en el contrato DCA/DGCC/144/2022 del 10 de mayo de 2022 que firmaron por el Municipio el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; el secretario del Ayuntamiento Héctor Rafael Ortiz Orpinel; la tesorera Dayira Raquel Fernández; el oficial mayor Arturo Rivera; la coordinadora de Regidores Ana Carmen Estrada; la entonces directora de Centros Comunitarios María Antonieta Mendoza Mendoza y como representante de la empresa Fabián Rubio Reyes.
Por Marco Antonio López / La Verdad
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